La Ley N° 27.742, o RIGI coloquialmente, continúa desatando polémicas a pesar de ya encontrarse aprobada por el Congreso y reglamentada por el Ejecutivo Nacional. Ya con las adhesiones de Chubut y Santa Cruz, aún a la espera de la confirmación por Tierra del Fuego, la polémica atraviesa a Río Negro y Buenos Aires, que parecen haber entrado en una puja por la multimillonaria planta procesadora de Gas Natural Licuado.
Si bien el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones genera un marco excepcional impositivo, arancelario, cambiario y legal con modificaciones sobre normas y gravámenes nacionales, la adhesión de las provincias involucra no solo un gesto político sino referido a Ingresos Brutos. En la última semana, aunque con matices, tanto Santa Cruz como Chubut decidieron plegarse a este esquema impulsado por el gobierno de Javier Milei, quedando aún la incógnita con Tierra del Fuego, donde el gobernador Gustavo Melella deberá pronunciarse para que su mayoría en la cámara legislativa resuelva a favor o en contra del mismo.
Un poco más al norte, el RIGI genera una nueva polémica: mientras Río Negro, comandada por el gobernador Weretilneck, se adhirió a la ley nacional, Axel Kicillof de la Provincia de Buenos Aires busca implementar un Régimen provincial construyendo una laboriosa alianza contrarreloj, sumando ahora los avales de la exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y el diputado Máximo Kirchner, quiénes ostentan buena parte de las bancas legislativas provinciales.
La puja, que genera tensión entre dos provincias limítrofes y el gobierno nacional como tercero en discordia, tiene el objetivo de asegurar para San Antonio de Areco o Bahía Blanca la multimillonaria inversión de YPF y Petronas, un proyecto que se extenderá a lo largo de una década y costará más de $ 50.000 millones de dólares para el procesamiento y exportación del Gas Natural Licuado.
Mientras Bahía Blanca y Buenos Aires cuentan con el complejo petroquímico y un sistema de infraestructura más aceitado, Río Negro propone los beneficios fiscales totales de la ley, además de la profundidad extra del Golfo San Matías, que permitiría el atraque de todo tipo de barcos. Desde la gobernación bonaerense, saben que la inversión es fundamental para la ciudad portuaria, algo que también genera tensiones con el intendente Federico Susbielles y las y los bahienses, que ven oportunidades de nuevos empleos tanto en construcción como en las plantas.
Desde La Plata, el ministro de Gobierno Carlos Bianco pide “discutir de modo serio y despolitizado”, mientras que el presidente Milei habla de “obvio que se va a ir a otro lado. ¿Vas a invertir donde está Kicillof? Ni de casualidad” inclinando la balanza hacia Río Negro.