A través del secretario de Coordinación de Producción, Juan Pazo, el Gobierno Nacional dio a conocer que enviará un proyecto de ley al Congreso de un tenor similar al Rigi pero apuntado a las MiPyMEs. La medida tiene por objetivo extender las distintas ventajas en términos de impuestos y financiamiento a inversiones menores de los 200 millones de dólares.
Si bien se conoce poco sobre el proyecto que el oficialismo llevará al recinto, todo parecería indicar que incluirá beneficios impositivos, así como la devolución anticipada del IVA y la desgravación de los derechos de exportación para bienes industriales. La idea sería establecer umbrales para microempresas en torno a los US$ 150.000, US$ 600.000 para las pequeñas, US$ 3.5 millones, US$ 9 millones y US$30 para las más grandes.
Dicha medida, que fue anunciada luego del desplante del presidente Milei y el ministro Caputo a la 30° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina, sería una forma de reconstruir el lazo con un sector que no ve con buenos ojos la desregulación de las importaciones y exige mejores condiciones para competir en “un terreno nivelado”. El Agro tampoco se quedaría afuera de la reforma: se espera que un capítulo especial les permita realizar inversiones de protección de sus cosechas y reducciones a la alícuota de IVA a la energía para el riego.
Junto con el apartado de beneficios impositivos, se estima que se podrían revisitar algunos aspectos del régimen laboral que el famoso DNU 70/2023 comenzó a modificar, junto con una baja en las contribuciones patronales sobre empleos incrementales y hasta un bono de crédito fiscal para las empresas que absorban trabajadores del sector público.
¿Qué significa esto para la región patagónica? Si bien el Rigi ya ha dejado algunos anuncios en el área de los hidrocarburos y la energía, dos sectores que suelen operar en volúmenes de inversión por encima de los 200 millones de dólares, la necesidad de crear puestos de trabajo genuinos afecta a esta parte del país como al resto.
Con un sistema que brinde beneficios para la incorporación de empleados, así como la reducción de costos desde el lado impositivo, partes de la economía de mano de obra intensiva como la industria maderera, la pesquera y la producción de alimentos en general; un área muchas veces menospreciada por el clima frío, pero que abastece al mercado interno y cuenta con potencialidades para la exportación. Como ejemplos aparecen la producción ovina, industria muy golpeada por las fuertes nevadas durante este invierno en Santa Cruz, la fungícola en crecimiento, fruticultura o hasta la vitivinícola que ahora alcanza a Chubut con la extensión de la frontera del vino.
Otro de los grandes beneficiados podría ser la industria del turismo: las ventajas para incorporar a empleados y empleadas que provengan del público podría abrir las puertas a expandir la oferta de servicios de hoteles y agencias, aprovechando el famoso know-how con el que cuentan hoy trabajadores en los rubros culturales y turísticos estatales. También podríamos ver reconversiones de la industria manufacturera: alocando los recursos a producciones que abastezcan de insumos o productos intermedios a otras industrias al norte del país.
Analizando las respuestas de las provincias al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, surge una interrogante con lo que pasaría referido a este nuevo RIGI para PyMEs. Mientras Chubut adhirió al esquema nacional, en Santa Cruz aún se debate el mismo con un oficialismo que busca los votos en la Legislatura. Tierra del Fuego por su parte lo rechazó, en línea con La Pampa, Formosa y Buenos Aires entre otras que aún analizan su posición. Aunque aún el proyecto no ha sido presentado, ya empiezan a formarse opiniones a favor y en contra, en lo que podría ser otro de los proyectos a tratarse durante las Sesiones Extraordinarias previstas para este fin de año.
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