La Ley Bases, uno de los proyectos de reforma estructural del Estado más grandes desde la vuelta de la democracia, continúa generando cambios en el panorama productivo del país y la región patagónica. Con su reglamentación, llegó la derogación de la Ley N° 25.422, conocida como Ley Ovina, que impulsaba el FRAO, herramienta fundamental para la formalización y desarrollo del sector.
Dicha medida, generó preocupación en las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Federación de Industrias Agropecuarias del Sur (FIAS), así como emprendedores rurales y empresas del sector. La Ley Ovina, que fue sancionada en 2001 y promulgada en 2003, era considerada un mecanismo necesario para el desarrollo del sector, tanto en infraestructura como sostenibilidad.
Desde CRA destacaron que esta derogación puso “en la bolsa a los fideicomisos supuestamente truchos y su derogación (por la Ley Ovina) termina siendo una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de la producción patagónica”.
En esa misma línea, la entidad resaltó que “esta ley ha sido una herramienta formidable para el crecimiento y la formalidad de las majadas, para la mejora genética y de infraestructura, siendo una actividad de alto involucramiento social y familiar, natural y netamente renovable”.
“Definitivamente, su derogación es un pecado que, de no corregirse, puede acarrear efectos devastadores en la actividad” concluyeron desde las Confederaciones.
Vale recordar que hasta hace menos de un mes, el sector agropecuario patagónico, compuesto principalmente por la ganadería ovina, se encontraba en una de sus peores crisis por las condiciones climáticas, con riesgo de perder hasta 1.000.000 de ejemplares sólo en Santa Cruz.